jueves, 22 de febrero de 2018

ENTRETELONES

Hugo, Huguito, Pablo y la máquina de apretar por Julio Villalonga Huguito Moyano, el hijo abogado de Hugo, tenía todo arreglado con los asesores del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y con los abogados de las centrales sindicales empresarias. El texto de una ley "ómnibus" que reformulaba el mundo del trabajo, incluidos los ajustes a los sistemas previsional y tributario. Lucía ambicioso, pero estaba a la vuelta de la esquina, cuentan casi con asombro en encumbrados despachos oficiales. El presidente Mauricio Macri estaba aún embriagado por el triunfo electoral de medio término y los reclamos de los empresarios locales y de los inversores internacionales parecía que podrían ser satisfechos, pero la múltiple reforma tenía un costo, y ese costo apareció de golpe: si el gobierno quería aprobar la meganorma, el "caso OCA" debía resolverse según las condiciones de los Moyano. Pero eso no ocurrió, y junto con la ley "ómnibus" se estrelló el proyecto de salvar a la empresa de correos privada, atribuida a Moyano como otro de los bienes de familia, que incluyen empresas, financieras, casas-quinta y departamentos lujosos en Puerto Madero. Lo que siguió es conocido por todos. Hugo mandó a Pablo a romper, a reunir a todos los que se oponen al ajuste. Y hasta se animó a pedirle un café a Cristina, que ya se siente unida a Pablo, según tuiteó. Hasta hace menos de dos meses, entre Cambiemos y Camioneros no había grandes conflictos. Este miércoles los segundos realizaron una marcha masiva pero que mostró en carne viva las limitaciones del conglomerado variopinto reunido en defensa de Moyano y los suyos, cada parte con intereses distintos y en muchos casos contrapuestos. "Si hubiera sido empresario, sería un empresario exitoso", aseguró Moyano en una de las recientes entrevistas que dio. Como líder de su gremio, y con su esposa gerenciando la obra social, Don Hugo no mostró ninguna virtud como empresario. Por el contrario, que la obra social de Camioneros esté quebrada, a pesar de las millonarias ayudas del sindicato, muestra un notable descontrol administrativo. Que OCA le deba 3.000 millones de pesos al Fisco, en gran parte por no pagar las cargas sociales, parece un contrasentido: la compañía no pagaba las cargas ni los aportes sindicales, por lo que se convirtió en la mayor deudora del gremio. Si exhibió la virtud de mezclar todo, lo público (si lo sindical lo es) con lo privado, sus propios intereses y los de sus familiares. Un modelo que nada tiene de distintos con el de Marcelo Balcedo, el dirigente que fue detenido en Uruguay con una obscena fortuna. La distancia está en la escala: Moyano es hipermillonario y Balcedo, un hombre rico. Que Hugo Yasky, que padeció en carne propia el poder acumulado por Moyano durante el kirchnerismo, hoy se suba a un palco en un acto para defender al líder de Camioneros, es un acto de oportunismo político. Lo mismo corre para otros dirigentes que acudieron al acto en la avenida 9 de Julio. Siempre para un roto hay un descocido. Las necesidades de Moyano hoy coinciden con las de Cristina Kirchner; las de Cristina Kirchner coinciden con las de Barros de Pie; las de Barrios de Pie, con las del trotskismo; las del trotkismo con TN...y así podríamos seguir dos líneas más. Todos se cuelgan de todos con un único fin, el de limar al macrismo en el poder para hacerlo llegar en las peores condiciones al 2019, mientras la amplia avenida peronista se pone a tono con los desafíos del futuro inmediato. No hace mucho, el senador Miguel Pichetto, quien desde la derrota en su propia provincia se reconstruyó de manera inédita hasta convertirse en un "factótum" del peronismo no kirchnerista, señalaba que no parecía haber tiempo para la reorganización del peronismo en los próximos dos años. Cerca de él señalaban que lo mejor que podía pasarle al peronismo era que Macri gobernara hasta resolver el desaguisado económico que dejó Cristina Kirchner, lo que parece difícil que vaya ocurrir antes del final del primer mandato de su sucesor. Pichetto imagina, como muchos, un 2019 con Cristina fuera de la grilla de candidatos, pero con capacidad de daño dentro del peronismo, al que sigue denostando como hace dos años, como sin pudor revelan las filtraciones de las escuchas de la Justicia. La última reunión en el sindicato de porteros y el acto de Camioneros muestran los límites precisos de la reorganización partidaria y sindical, pero han sido llamados de atención para los armadores de la Casa Rosada. "No se puede ignorar que Cristina es la que más votos tiene, aunque sea en Buenos Aires, y tampoco que la mayoría de los dirigentes la quieren jubilar", asumen en la cartera política que dirige Rogelio Frigerio. Moyano dice que no tiene miedo de ir preso y acusa de "golpistas" a funcionarios (En esa oficina reconocieron cierta impericia del elenco gobernante, y algunos "vicios" propios del gobierno de CEOs que armó Macri. Pero hasta ahí, no mucho más. Si la izquierda ha pecado algunas veces de una excesiva autocrítica, a veces inmobilizante, la nueva derecha local luce completamente ajena a esa práctica, por más que digan que no tienen problema en rectificar). El tiempo dirá si la extorsión como método le vuelve a servir a Moyano para frenar, como en el pasado a Cristina, al presidente de turno en su ánimo "purificador". Moyano no debe enfrentar periódicas elecciones, como los mandatarios y los legisladores. No tiene nada que perder en ese terreno. El único temor que tiene es a ir preso. Si la Justicia lo investiga a fondo, es muy probable que -por la edad y su salud- deba pedir un arresto domiciliario. De lo contrario, piensa Macri, habrá ganado la impunidad y él estará condenado a ser un interino entre el kirchnerismo y lo que venga. Entretanto, la estrategia de "limado" continuará sin prisa, pero sin pausa. No están dadas aún las condiciones para un paro nacional, pero ya llegará, cuando la presión de la olla lo haga recomendable. Después del Mundial de Rusia, quizás, cuando se desate el hilo de la próxima campaña electoral. bpa

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HISTORIA REPETIDA

El Gobierno salva al juez Rafecas del juicio político Hoy pedirá en la Magistratura sólo una sanción menor para el juez que rechazó la denuncia de Nisman contra Cristina. Hoy el Gobierno formalizará su voluntad de no promover juicio político al juez Daniel Rafecas, por haber cerrado dos veces la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner sin ordenar una sola medida de prueba. Es un giro drástico en la posición del oficialismo. Y una fisura al interior de Cambiemos. De hecho, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, presentará hoy un dictamen alternativo al del senador radical Angel Rozas, también integrante de ese cuerpo, quien ya acusó a Rafecas y pidió enviarlo a un jury de enjuiciamiento que lo destituya del cargo. Mahiques responde directamente a Mauricio Macri. No hay dos lecturas posibles del cambio de postura ante Rafecas: es una decisión del Presidente, que para resolver asuntos institucionales de la Justicia escucha sobre todo a su jefe de asesores, José Torello, y al ministro Germán Garavano. Si el dictamen de Mahiques consigue respaldo suficiente y Rafecas esquiva el juicio político, quedaría abierto el camino para que este juez cambie de funciones. Pretende un puesto como Defensor General adjunto y se presentará al concurso para cubrir el cargo. El sendero por recorrer es controvertido y sinuoso, pero el Gobierno entiende que con una salida no traumática de Rafecas podrá seguir depurando el estratégico fuero federal. Otra cuestión es qué tiempos le insume y qué costos le provoca este modo de operar sobre la Justicia. Nisman había denunciado a Cristina, junto al ex canciller Héctor Timerman y otros sujetos, por encubrimiento de dirigentes de Irán en el atentado a la AMIA. Ese delito habría sido la consecuencia buscada del pacto que el kirchnerismo firmó en 2013 con el gobierno de Teherán. Nisman apareció muerto cuatro días después de aquella denuncia. Con el cambio de gobierno y después de dos años de dormir bajo la presión del kirchnerismo, la denuncia de Nisman tomó impulso en los tribunales. El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina, Timerman y compañía. Los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. La Cámara Federal confirmó el procesamiento. Cristina pidió este lunes ser enviada cuanto antes a juicio oral para demostrar su inocencia. El Gobierno sigue sosteniendo su desacuerdo con Rafecas por la forma en que cerró la denuncia de Nisman. Pero la razón para salvarlo del juicio político es el principio de que un juez no debe ser condenado por el contenido de sus fallos. La excepción es que exista el delito de prevaricato, por el cual el magistrado dicta a sabiendas una resolución injusta. Ese límite difuso fue transitado a todo riesgo por Rafecas. Todavía hoy sus detractores, e incluso colegas suyos en los tribunales de Comodoro Py, opinan que se dejó llevar por un “razonamiento político” -o directamente por una simpatía o una obediencia política- cerrando el camino para enjuiciar a Cristina. Pero en las oficinas del Gobierno reconocen que la defensa que ejerció Rafecas ante la Magistratura, con una exposición de más de tres horas en diciembre pasado, fue de una consistencia jurídica muy respetable, superior a los argumentos del radical Rozas para acusarlo. Rafecas usó también cierta dosis de picardía política. Recordó que, al igual que con la denuncia de Nisman, también había cerrado sin tomar prueba dos casos que afectaban al actual gobierno. Uno es la firma de un tratado comercial por 1.000 millones de dólares con Qatar, donde intervino la vicepresidenta Gabriela Michetti. El otro, una denuncia por el uso intensivo de Lebacs, colocaciones financieras con altísimo interés, que apuntaba a Macri, al titular del Banco Central Federico Sturzenegger y al entonces ministro Alfonso Prat Gay. Colegas de Rafecas dicen que esa misma picardía le faltó para tramitar la denuncia de Nisman. “Podía haber ordenado algunas pruebas y después cerrar el caso, entonces nadie le habría reprochado nada”, dijeron a Clarín. Toda una definición acerca de cómo suelen actuar algunos jueces. Según fuentes oficiales, la comunidad judía y la diputada Elisa Carrió -una voz poderosa de Cambiemos también en asuntos judiciales- conocieron de antemano la decisión sobre Rafecas y sus argumentos. Y parecen acompañarla con discreción. Caso curioso: en su momento Carrió firmó uno de los tres pedidos de juicio político a Rafecas. ¿De verdad habrá cambiado de postura alguien como ella, que suele ser irreductible cuando destina sus anatemas? Otro que pidió el juicio político a Rafecas fue el actual diputado macrista Waldo Wolff, quien entonces era vicepresidente de la DAIA. Enterado de la decisión de su gobierno de salvar a Rafecas, Wolff se limitó a señalar: “que cada uno haga lo que tenga que hacer”. Es otro caso curioso: el dictamen que hoy presentará Mahiques descarta el enjuiciamiento de Rafecas pero en cambio propone sancionarlo por “falta de decoro”. Es por la virtual amenaza que el juez le hizo a Wolff después de que éste lo criticara por haber rechazado la denuncia de Nisman. El mismo Rafecas admitió en sede judicial que tuvo con el entonces dirigente comunitario una conversación telefónica en términos “ásperos y difíciles”. El caso es seguido con atención por los jueces federales. No es que Rafecas tenga un millón de amigos en Comodoro Py, ni que sus colegas estén interesados especialmente por su suerte. Están preocupados, en realidad, por la de ellos mismos. Porque lo que se está revelando es el juego de Macri sobre los tribunales en la segunda parte de su actual mandato. A la Justicia no le gusta que otros poderes del Estado anden hurgando en sus métodos y decisiones. Eso es justamente lo que hace, por imperio constitucional, el Consejo de la Magistratura. Pero a la vez, los jueces reconocen que como parte de un cambio de época la Magistratura está “saliendo de la lógica kirchnerista de la caza de brujas”, según definió un magistrado de muy alto perfil. Desde ese punto de vista, adquiere especial relevancia la acción de Mahiques como representante del Poder Ejecutivo. La suerte quiso que, por sorteo público, este funcionario sea instructor de denuncias contra Bonadio, blanco favorito de los ultra K por su sucesión de fallos contra Cristina, y contra la camarista de Casación Ana María Figueroa, considerada de alta cercanía con el kirchnerismo. La Magistratura cerró esta semana dos denuncias contra Bonadio. Y Mahiques lleva la acusación que Carlos Beraldi, abogado de Cristina, planteó contra el juez por haberla procesado en el caso del dólar futuro. Es una denuncia por el contenido de un fallo. Si se mantiene la doctrina Rafecas, Bonadio debería zafar. La camarista Figueroa, que integra el máximo tribunal penal, está acusada de recibir dádivas de parte del entonces ministro Julio De Vido. Su primer denunciante fue Juan Carlos Gemignani, colega suyo en Casación. Después se sumó Guillermo Lipera, titular del Colegio Público de Abogados. El destino de esta denuncia parece ser el juicio político. El Gobierno cree que en ese caso la doctora Figueroa podría optar por una renuncia elegante antes de llegar a la destitución. Es un paso de doble efecto: evita el escarnio público y preserva la jubilación. C.Z

miércoles, 21 de febrero de 2018

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